Comentario

El conflicto armado con Inglaterra, iniciado en 1779 y vigente hasta 1783, fue el comienzo de crecientes dificultades financieras para la monarquía. Como medida fiscal de emergencia fueron creados en 1780, a iniciativa de Cabarrús, los vales reales, que eran a la vez títulos de deuda pública, con un 4 por ciento de interés y amortización en veinte años, y papel moneda, pues tenían curso legal, si bien esa segunda característica se hallaba limitada porque los comerciantes estaban autorizados a no aceptarlos y las tesorerías no podían pagar con ellos sueldos y pensiones.
Cuando finalizó la contienda hispanobritánica con el Tratado de Versalles, la deuda derivada de los títulos ascendía a 451.700 millones de reales, que devengaban réditos por 18 millones anuales. Al acceder Carlos IV al trono, la financiación de los vales reales se efectuaba únicamente con fondos procedentes de los ingresos ordinarios y no se habían creado mecanismos específicos para su amortización, sin que surtieran el efecto esperado algunas reformas tributarias, como el arancel general de diciembre de 1782 o la renovación de encabezamientos de junio de 1785 para lograr un mayor rendimiento de las rentas provinciales, impulsada por el titular de Hacienda, Lerena. Sólo en 1792, y con el objeto de asumir el servicio de la deuda, se destinaron a ese fin durante un período de ocho años los excedentes de Propios y Arbitrios de los pueblos.

Sin embargo, los intentos de amortización de la deuda se vieron frenados por la guerra contra la República que, iniciada en 1793, puso en marcha un proceso de endeudamiento asfixiante. Según Miguel Artola, la contienda produjo un déficit de Tesorería de 2.767 millones de reales, que no consiguió reducirse pese a las aportaciones extraordinarias puestas en marcha, como los subsidios que afectaron, con carácter uniforme y general, a toda España, y los donativos y anticipos de la Iglesia, con indicaciones expresas de Roma que, a principios de 1795, ordenó que del clero secular y regular español se exigieran para aquel año 36 millones de reales para los gastos de guerra. Las provincias próximas a la frontera con Francia soportaron los mayores sacrificios durante la guerra con la Convención. En Cataluña y Guipúzcoa la población tuvo que proporcionar víveres, alojamientos y bagajes a la tropa, azuzando las reivindicaciones foralistas en Navarra y el País Vasco y un difuso sentimiento catalanista en el frente oriental de la guerra.

Pero lo más importante fueron las nuevas emisiones de vales reales que, entre 1794 y 1799, alcanzaron los 3.150 millones de reales y que tuvieron como efecto contraproducente depreciar los emitidos con anterioridad.

La guerra con Inglaterra, iniciada en octubre de 1796, asestó un durísimo golpe a unas finanzas seriamente debilitadas. El ataque británico al comercio con las Indias y el bloqueo del comercio peninsular tuvieron como efecto la mengua de los caudales procedentes de América y la reducción de los ingresos aduaneros, un capítulo importante de las rentas ordinarias del Estado, cuyo déficit se incrementó en cerca del 40 por ciento respecto al originado durante la guerra con Francia de 1793-95. Los ahogos de las finanzas reales eran de tal naturaleza que se plantearon medidas que afectaron a la propiedad vinculada y, en particular, al patrimonio eclesiástico. En enero de 1795 se logró autorización de Roma para que Carlos IV cobrase las rentas de dignidades y beneficios eclesiásticos para aplicarlas a la amortización de los vales, y en agosto de ese mismo año se creó un impuesto del 15 por ciento sobre el valor de todos los bienes raíces o estables, derechos o acciones reales que en adelante se vinculen, afectando por ello, claro está, a los bienes raíces y derechos reales que adquiriese en adelante cualquier mano muerta.